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Tesis: prueba ilícita en la jurisprudencia penal peruana

CONCLUSIONES FINALES

1.- Debido al insuficiente conocimiento respecto de la prueba ilícita, en los procesos penales conocidos por el subsistema de juzgamiento de delitos de terrorismo los operadores procesales no han desarrollado suficientemente criterios para la admisión o exclusión en el proceso del material probatorio que afecta derechos fundamentales de los procesados.

2.- La doctrina nacional y el Tribunal Constitucional no han desarrollado de manera orgánica criterios respecto de la prueba ilícita. Sin embargo, en la sentencia del caso “Rafael García Mendoza contra SERPOST S.A. (1058-2004-AA/TC) ha fijado dos cuestiones fundamentales: primero, que la actividad probatoria y el descubrimiento de la verdad no pueden lograrse a cualquier precio, pues en tal cometido es exigible el respeto y observancia de los límites establecidos por la Constitución, es decir, los derechos fundamentales, y, segundo, que la prueba obtenida con vulneración de los derechos fundamentales no puede ser utilizada para incriminar a una persona y, por tanto, carece de efectos legales. Este fallo es hasta ahora el más importante pronunciamiento de nuestro Tribunal Constitucional, el mismo que podría marcar el inicio de un desarrollo más orgánico y sistemático de la cuestión a nivel de la jurisprudencia constitucional en nuestro país. En el mismo sentido, en la doctrina se aprecia un creciente interés por la problemática de la prueba ilícita.

3.- Las excepciones a la regla de exclusión aplicables por los juzgadores deben ser expresamente reguladas por el legislador, por ser ello más adecuado a nuestra realidad jurídico – procesal, en tanto que el principio de proporcionalidad podrá ser aplicado en el caso concreto cuando la prueba haya sido regularmente obtenida y el juzgador tenga que optar entre valores o bienes constitucionalmente protegidos, de igual o superior rango.

4.- En un número significativo de casos conocidos por la Sala Penal Especial Nacional de Terrorismo se ha alegado vulneración de derechos fundamentales en la obtención de fuentes de prueba, lo que se corrobora con una alta incidencia de casos en los que los operadores procesales han tenido la necesidad de recurrir a criterios concernientes a la prueba ilícita.

5.- De la interpretación de los conceptos de debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, consagrados en el artículo 139.3 de la Constitución, se deriva la vigencia de un derecho fundamental a la prueba. A igual resultado puede arribarse considerando el derecho fundamental a la presunción de inocencia previsto en el artículo 2.24, literal e) de la Constitución. En efecto, se concibe al derecho a la prueba o derecho a probar como un componente del derecho genérico al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. De igual modo, se plantea que, si toda
persona sometida a proceso es presumiblemente inocente hasta no ser condenada firmemente, entonces debe aceptarse que el único modo de destruir o enervar esa presunción de inocencia, es a través del ejercicio del derecho a producir una actividad probatoria suficiente.

6.- La gran importancia de la prueba en el proceso penal deriva de considerar que la prueba es fuente de conocimiento y de convicción para el juzgador, de tal manera que sin actividad probatoria sería inimaginable un proceso penal justo y racional, en la medida en que no se podría destruir o enervar la presunción de inocencia de la que goza el imputado, ni tampoco aplicar la ley penal sustantiva como expresión del ius puniendi.

7.- Prueba ilícita es aquella que ha sido obtenida con lesión de derechos fundamentales y, en esencia, se constituye en un límite para el principio general de averiguación de la verdad en el proceso. Para el caso del Perú, los derechos fundamentales susceptibles de ser vulnerados por la prueba ilícita son los consagrados en el Capítulo I del Título I de la Constitución, pero teniéndose en cuenta lo prescrito por la propia Constitución en su artículo 3° que incluye a los demás derechos no enumerados que ella garantiza, otros de naturaleza análoga o los que deriven de la dignidad humana, del Estado de Derecho, entre otros.

8.- En nuestro país, en atención a la fórmula abierta del artículo 3° de la Constitución, es posible sostener que la vulneración de derechos fundamentalesde índole procesal, tales como la defensa técnica, a no declarar contra si mismo o contra ciertos parientes, etc, acarrea necesariamente la exclusión de la prueba así obtenida o admitida. En todo caso, los operadores deberán evitar convertir a la prescripción del artículo 3° constitucional en una especie de cajón de sastre que termine desnaturalizando la racionalidad de la regla de exclusión y afectando indebidamente el principio de averiguación de la verdad.

9.- Prueba directa en el ámbito de las prohibiciones probatorias es aquella cuya concreta causa es la afectación de un derecho fundamental. Así ha sido recogida por el artículo VIII.2 del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004. En cambio, prueba derivada o refleja es aquella en si misma lícita pero que tiene su origen mediato en otra que ha sido obtenida vulnerando derechos fundamentales.

10.- La prueba ilícitamente obtenida no debe generar efecto o consecuencia alguna en la formación de la convicción o certeza del juzgador sobre los hechos o enunciados del proceso.

11.- Es posible establecer diferencias entre nulidad y exclusión probatoria. La nulidad está referida siempre a actos procesales. En cambio, la exclusión probatoria tiene un alcance mucho más amplio pues comprende también y principalmente la realidad extraprocesal de las fuentes de prueba. Asimismo, no debe perderse de vista que la exclusión probatoria deriva de la posición
preeminente ocupada por los derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico; mientras que esta trascendencia iusfundamental o constitucional no está necesariamente presente en la regulación de la nulidad procesal. En tal sentido, en materia de nulidades rige el principio de taxatividad, lo que no sucede tratándose de la exclusión probatoria cuya fuerza vinculante y aplicabilidad dimana de la Constitución y de la inviolabilidad de los derechos fundamentales, por lo que no es necesario que la regla de exclusión esté expresamente prevista
en el ordenamiento.

12.- Si bien es admisible que, en general, deba esperarse o acaso desearse que la aplicación de la regla de exclusión disuada a la policía y a los demás órganos de la persecución penal de la comisión de futuros actos lesionantes de derechos fundamentales en la actividad de obtención de fuentes de prueba; sin embargo, en nuestro sistema la principal finalidad de la exclusión probatoria es servir de garantía de la preeminencia e inviolabilidad de los derechos fundamentales.

13.- En el derecho y jurisprudencia comparadas, especialmente la estadounidense, alemana y española, se ha perfilado el desarrollo de una serie de excepciones a la regla de exclusión, siendo las principales la fuente independiente (independent source doctrine), el descubrimiento inevitable (inevitable discovery), la doctrina de la buena fe (good faith exception), el principio de proporcionalidad, la doctrina del purged taint o del nexo causal atenuado, la infracción constitucional beneficiosa para el imputado o prueba ilícita in bonam partem, la destrucción de la
mentira del imputado, la teoría del riesgo, la renuncia del interesado, la plain view doctrine y los campos abiertos y la doctrina de la eficacia de la prueba ilícita para terceros o la infracción constitucional ajena.

14.- Teniendo en cuenta el desarrollo de nuestra investigación, las excepciones que podrían ser admitidas en nuestro sistema sin mayor problema son: la fuente independiente (que no es propiamente una excepción), la infracción constitucional beneficiosa para el imputado o prueba ilícita in bonam partem, la teoría del riesgo para grabaciones o filmaciones consentidas por uno de los interlocutores, así como la grabación de conversaciones telefónicas propias y algunos supuestos de la plain view doctrine y los campos abiertos; igualmente el principio de proporcionalidad y ponderación siempre y cuando la prueba haya sido regularmente obtenida pero el legislador ha excluido su valoración de modo expreso o se produzca una colisión con otros valores o bienes protegidos constitucionalmente, de igual o superior rango.

Fuente:
http://www.cybertesis.edu.pe/

9 comentarios:

  1. Estoy sufriendo con una tesis sobre prueba ilicita en la jurisprudencia comparada, mi proyecto ha sido aprobado a duras penas, pero se que me falta, necesitaria de sus servicios. Saludos desde Arequipa.

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  2. Hola, estoy analizando el caso de los petroaudios y los vladivideos, espero acabar mi tesis antes de fin de año, porque me he demorado mas de la cuenta.

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  3. Muchas gracias por sus comentarios. Si desean contar con nuestros servicios, les sugiero mandar un mensaje a la siguiente dirección: infolimaperu@gmail.com
    Un abrazo.

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  4. estimados señores, quiero hacer una tesis sobre la prueba ilicita y el nuevo codigo procesal penal, espero contar con su asesoria. saludos.

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  5. seria interesante en una tesis discutir sobre la legalidad de los petroaudios y vladivideos, estoy pensando seriamente este año sacar mi titulo con una tesis

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  6. mi proyecto de tesis es sobre el tema, he encontrado informacion pero no cuento con el tiempo suficiente para analizarla

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  7. excelente ayuda, gracias, mi proyecto de tesis es sobre el tema de la prueba, pregunto la sindicacion es una prueba y solo con la sindicacion se puede sentenciar aplicando la pena privativa de libertad.

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  8. Hola Angie:
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  9. ivan maza seminario1 de abril de 2013, 10:37

    hola amigo mi tema de etsis es la prueba ilicita en el ordenamiento penaal peruano por favor necesito su ayuda para q me faciliten informacion gracias

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