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Tesis: prueba ilícita en el proceso penal

Criterios para la determinación de la prueba ilícita en la jurisprudencia penal peruana
TESIS
para optar el grado académico de Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales
AUTOR
Hamilton Castro Trigoso
2008


CONCLUSIONES FINALES

1.- Debido al insuficiente conocimiento respecto de la prueba ilícita, en los
procesos penales conocidos por el subsistema de juzgamiento de delitos de
terrorismo los operadores procesales no han desarrollado suficientemente
criterios para la admisión o exclusión en el proceso del material probatorio que
afecta derechos fundamentales de los procesados.

2.- La doctrina nacional y el Tribunal Constitucional no han desarrollado de
manera orgánica criterios respecto de la prueba ilícita. Sin embargo, en la
sentencia del caso “Rafael García Mendoza contra SERPOST S.A. (1058-2004-
AA/TC) ha fijado dos cuestiones fundamentales: primero, que la actividad
probatoria y el descubrimiento de la verdad no pueden lograrse a cualquier precio,
pues en tal cometido es exigible el respeto y observancia de los límites
establecidos por la Constitución, es decir, los derechos fundamentales, y,
segundo, que la prueba obtenida con vulneración de los derechos fundamentales
no puede ser utilizada para incriminar a una persona y, por tanto, carece de
efectos legales. Este fallo es hasta ahora el más importante pronunciamiento de
nuestro Tribunal Constitucional, el mismo que podría marcar el inicio de un
desarrollo más orgánico y sistemático de la cuestión a nivel de la jurisprudencia
constitucional en nuestro país. En el mismo sentido, en la doctrina se aprecia un
creciente interés por la problemática de la prueba ilícita.

3.- Las excepciones a la regla de exclusión aplicables por los juzgadores deben
ser expresamente reguladas por el legislador, por ser ello más adecuado a
nuestra realidad jurídico – procesal, en tanto que el principio de proporcionalidad
podrá ser aplicado en el caso concreto cuando la prueba haya sido regularmente
obtenida y el juzgador tenga que optar entre valores o bienes constitucionalmente
protegidos, de igual o superior rango.

4.- En un número significativo de casos conocidos por la Sala Penal Especial
Nacional de Terrorismo se ha alegado vulneración de derechos fundamentales en la obtención de fuentes de prueba, lo que se corrobora con una alta incidencia de
casos en los que los operadores procesales han tenido la necesidad de recurrir a
criterios concernientes a la prueba ilícita.

5.- De la interpretación de los conceptos de debido proceso y tutela jurisdiccional
efectiva, consagrados en el artículo 139.3 de la Constitución, se deriva la vigencia
de un derecho fundamental a la prueba. A igual resultado puede arribarse
considerando el derecho fundamental a la presunción de inocencia previsto en el
artículo 2.24, literal e) de la Constitución. En efecto, se concibe al derecho a la
prueba o derecho a probar como un componente del derecho genérico al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva. De igual modo, se plantea que, si toda
persona sometida a proceso es presumiblemente inocente hasta no ser
condenada firmemente, entonces debe aceptarse que el único modo de destruir o
enervar esa presunción de inocencia, es a través del ejercicio del derecho a
producir una actividad probatoria suficiente.

6.- La gran importancia de la prueba en el proceso penal deriva de considerar que
la prueba es fuente de conocimiento y de convicción para el juzgador, de tal
manera que sin actividad probatoria sería inimaginable un proceso penal justo y
racional, en la medida en que no se podría destruir o enervar la presunción de
inocencia de la que goza el imputado, ni tampoco aplicar la ley penal sustantiva
como expresión del ius puniendi.

7.- Prueba ilícita es aquella que ha sido obtenida con lesión de derechos
fundamentales y, en esencia, se constituye en un límite para el principio general
de averiguación de la verdad en el proceso. Para el caso del Perú, los derechos
fundamentales susceptibles de ser vulnerados por la prueba ilícita son los
consagrados en el Capítulo I del Título I de la Constitución, pero teniéndose en
cuenta lo prescrito por la propia Constitución en su artículo 3° que incluye a los
demás derechos no enumerados que ella garantiza, otros de naturaleza análoga o
los que deriven de la dignidad humana, del Estado de Derecho, entre otros.

8.- En nuestro país, en atención a la fórmula abierta del artículo 3° de la
Constitución, es posible sostener que la vulneración de derechos fundamentales de índole procesal, tales como la defensa técnica, a no declarar contra si mismo o
contra ciertos parientes, etc, acarrea necesariamente la exclusión de la prueba así
obtenida o admitida. En todo caso, los operadores deberán evitar convertir a la
prescripción del artículo 3° constitucional en una especie de cajón de sastre que
termine desnaturalizando la racionalidad de la regla de exclusión y afectando
indebidamente el principio de averiguación de la verdad.

9.- Prueba directa en el ámbito de las prohibiciones probatorias es aquella cuya
concreta causa es la afectación de un derecho fundamental. Así ha sido recogida
por el artículo VIII.2 del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004. En
cambio, prueba derivada o refleja es aquella en si misma lícita pero que tiene su
origen mediato en otra que ha sido obtenida vulnerando derechos fundamentales.

10.- La prueba ilícitamente obtenida no debe generar efecto o consecuencia
alguna en la formación de la convicción o certeza del juzgador sobre los hechos o
enunciados del proceso.

11.- Es posible establecer diferencias entre nulidad y exclusión probatoria. La
nulidad está referida siempre a actos procesales. En cambio, la exclusión
probatoria tiene un alcance mucho más amplio pues comprende también y
principalmente la realidad extraprocesal de las fuentes de prueba. Asimismo, no
debe perderse de vista que la exclusión probatoria deriva de la posición
preeminente ocupada por los derechos fundamentales dentro del ordenamiento
jurídico; mientras que esta trascendencia iusfundamental o constitucional no está
necesariamente presente en la regulación de la nulidad procesal. En tal sentido,
en materia de nulidades rige el principio de taxatividad, lo que no sucede
tratándose de la exclusión probatoria cuya fuerza vinculante y aplicabilidad
dimana de la Constitución y de la inviolabilidad de los derechos fundamentales,
por lo que no es necesario que la regla de exclusión esté expresamente prevista
en el ordenamiento.

12.- Si bien es admisible que, en general, deba esperarse o acaso desearse que
la aplicación de la regla de exclusión disuada a la policía y a los demás órganos
de la persecución penal de la comisión de futuros actos lesionantes de derechos fundamentales en la actividad de obtención de fuentes de prueba; sin embargo,
en nuestro sistema la principal finalidad de la exclusión probatoria es servir de
garantía de la preeminencia e inviolabilidad de los derechos fundamentales.

13.- En el derecho y jurisprudencia comparadas, especialmente la
estadounidense, alemana y española, se ha perfilado el desarrollo de una serie de
excepciones a la regla de exclusión, siendo las principales la fuente independiente
(independent source doctrine), el descubrimiento inevitable (inevitable discovery),
la doctrina de la buena fe (good faith exception), el principio de proporcionalidad,
la doctrina del purged taint o del nexo causal atenuado, la infracción constitucional
beneficiosa para el imputado o prueba ilícita in bonam partem, la destrucción de la
mentira del imputado, la teoría del riesgo, la renuncia del interesado, la plain view
doctrine y los campos abiertos y la doctrina de la eficacia de la prueba ilícita para
terceros o la infracción constitucional ajena.

14.- Teniendo en cuenta el desarrollo de nuestra investigación, las excepciones
que podrían ser admitidas en nuestro sistema sin mayor problema son: la fuente
independiente (que no es propiamente una excepción), la infracción constitucional
beneficiosa para el imputado o prueba ilícita in bonam partem, la teoría del riesgo
para grabaciones o filmaciones consentidas por uno de los interlocutores, así
como la grabación de conversaciones telefónicas propias y algunos supuestos de
la plain view doctrine y los campos abiertos; igualmente el principio de
proporcionalidad y ponderación siempre y cuando la prueba haya sido
regularmente obtenida pero el legislador ha excluido su valoración de modo
expreso o se produzca una colisión con otros valores o bienes protegidos
constitucionalmente, de igual o superior rango.

RECOMENDACIONES

1.- Implementar cursos de capacitación en el interior del Poder Judicial, Ministerio
Público y Colegios de Abogados con la finalidad de formar a sus miembros en el
conocimiento y manejo de las categorías concernientes a la prueba ilícita,
incluyendo los actuales desarrollos de la doctrina y jurisprudencia comparadas,
sin perjuicio de enfatizar la importancia de tener siempre en cuenta que la
aplicación de dichos criterios requiere considerar nuestra particular realidad
jurídico – procesal.

2.- Modificar el numeral 2) del artículo VIII del Título Preliminar del Código
Procesal Penal de 2004 con la finalidad de posibilitar la regulación taxativa de la
fuente independiente, la infracción constitucional beneficiosa para el imputado o
prueba ilícita in bonam partem, la teoría del riesgo para grabaciones o filmaciones
consentidas por uno de los interlocutores, así como la grabación de
conversaciones telefónicas propias y algunos supuestos de la plain view doctrine
y los campos abiertos; igualmente el principio de proporcionalidad y ponderación.

PROPUESTA DE LEGE FERENDA

El artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004
tiene el siguiente texto:

Art. VIII. Legitimidad de la prueba
1.- Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al
proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo.
2.- Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con
violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona.
3.- La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a
favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio.
Teniendo en cuenta la segunda recomendación, proponemos el siguiente
texto para el numeral 2) del artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal
Penal de 2004:
2.- Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con
violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona, a
menos que se trate de infracción constitucional beneficiosa para el imputado.
2.1.- En la valoración de la prueba los jueces podrán también considerar
los siguientes criterios: la fuente independiente, la teoría del riesgo para
grabaciones o filmaciones propias o consentidas por uno de los interlocutores, la
plan view doctrine y los campos abiertos y el principio de proporcionalidad, en
este último caso siempre que la prueba haya sido regularmente obtenida y se
hubiese producido conflicto entre bienes o valores constitucionalmente protegidos,
de igual o superior rango.

Fuente:
http://www.cybertesis.edu.pe/

2 comentarios:

  1. ¿ existe algún país que regule las excepciones a la regla de exclusión de la prueba?

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  2. Gracias por sus comentarios.
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